martes, 15 de mayo de 2012
La Republica Presidencialista 1925
La promulgación de una nueva Constitución, el 18 de septiembre de 1925,
conocida como la Constitución de 1925, puso término al parlamentarismo,
estableciendo el sistema presidencial de gobierno, que se caracteriza
por la actuación de un poder Ejecutivo fuerte.
En la práctica, sin embargo, el presidencialismo (sistema de gobierno en el que el Presidente de la República es también el jefe del gobierno.) no se impuso de inmediato, pues en los ocho años que siguieron a la promulgación de esta nueva carta política, su implementación se vio interrumpida por varios intentos sucesivos de dar forma a un régimen presidencial.
El 1 de octubre de 1925, Arturo Alessandri Palma renunció a la presidencia. Mientras se buscaba un candidato que se presentara a las elecciones, asumió el mando como vicepresidente Luis Barros Borgoño, que se desempeñaba como ministro del Interior.
Los principales partidos políticos se pusieron de acuerdo en llevar a Emiliano Figueroa, quien se impuso por amplia mayoría en la primera votación directa de nuestra historia (24 de octubre de 1925).
A fines de 1925, Figueroa inició sus funciones, pero desde el principio su liderazgo fue incapaz de introducir los cambios que se esperaban. Poco a poco, el presidente fue apartándose de la dirección efectiva de los asuntos públicos. Sin embargo, su ministro de Guerra, el coronel Carlos Ibáñez del Campo, trató de llevar a cabo algunas reformas propuestas en 1924; pero lo hizo imponiendo mano dura. Muchos dirigentes políticos fueron encarcelados y otros partieron al exilio. A tanto llegó la audacia de Ibáñez, que ordenó remover a varios jueces, asunto que, de acuerdo con la Constitución, era privativo del Poder Judicial.
Ante tal situación, el 4 de mayo de 1927 Figueroa presentó su renuncia, lo que provocó que Ibáñez asumiera como vicepresidente y convocara a elecciones. En ellas se presentó como candidato único, obteniendo el 98 por ciento de los votos.
El gobierno de Ibáñez
Después de cuatro años de trastornos políticos y sociales, las principales preocupaciones de Ibáñez eran avocarse al restablecimiento del orden, la reestructuración de la administración pública y llevar a cabo una amplia reforma económica. Para ello, tomó duras medidas restrictivas y en contra de la corrupción, depurando la magistratura, el ejército y la armada.
Si bien Ibáñez controlaba el Congreso, este se convirtió en una referencia marginal sin incidencia en la política nacional, ya que gobernó utilizando varias veces el mecanismo de la dictación de decretos-leyes, más propios de los gobiernos de facto. Por el crecimiento que empezó a experimentar el aparato burocrático del Estado, Ibáñez se vio obligado a dictar en 1930 el Estatuto Administrativo, un conjunto de normas que rigen el actuar de los funcionarios públicos.
Nuevas instituciones fueron creadas bajo este mandato, entre ellas, Carabineros de Chile (1927), producto de la fusión de varios cuerpos policiales. En 1930, se dio vida a la Fuerza Aérea de Chile, una rama militar especializada en aeronáutica.
Bajo este gobierno la educación experimentó importantes reformas, haciéndose obligatoria para los niños y jóvenes entre siete y 15 años. Otro hecho destacado fue la dictación de la ley de autonomía universitaria, que garantizaba la independencia académica y administrativa de la Universidad de Chile.
Este mandato se caracterizó, principalmente, por la aplicación de un vasto programa de obras públicas que comprendió la construcción de escuelas, carreteras, puertos y edificios públicos. Dichos planes expansivos se financiaron con empréstitos obtenidos en el extranjero, especialmente en Estados Unidos.
En el plano internacional, su mayor acierto fue la conclusión del conflicto que enfrentaba, diplomáticamente, a nuestro país con el Perú desde 1893, por el dominio de Tacna y Arica, llegándose al acuerdo de dividir la zona. La primera ciudad quedó en territorio peruano y la segunda, en el chileno. Se estableció, además, el correspondiente límite (1929).
En 1929, la gran depresión mundial repercutió también en Chile, ya que se debían cancelar las cuotas correspondientes a los créditos internacionales adquiridos y, además, porque disminuyó notablemente la venta de salitre, debido a la competencia que le hacía el salitre sintético.
Para paliar los efectos de esta grave crisis, el gobierno de Ibáñez adoptó una serie de medidas, pero estas resultaron inútiles. De tal manera que, para 1931, la situación se tornó delicada: hubo una fuerte disminución del poder adquisitivo, una gran cesantía y la necesidad de suspender el pago de la deuda externa por falta de capital. La amenaza de la bancarrota se presentaba como una posibilidad real.
En julio de ese año, el descontento era creciente y un grupo de estudiantes realizó una agresiva protesta contra el gobierno. Este fue el comienzo de una agitación pública difícil de controlar. Sobrevino la confusión y el paro parcial de la industria y el comercio.
Ante la disyuntiva de renunciar o reprimir, Ibáñez optó por lo primero, y el 26 de julio de 1931 presentó su renuncia, cediendo el poder al presidente del Senado, Pedro Opazo Letelier, quien designó como vicepresidente al radical Juan Esteban Montero.
Clic aqui para ver el video youtube: Postales Bicentenario: La caida de Ibañez
La anarquía
Tras la caída de Ibáñez sobrevino un período complejo y lleno de incidencias político-sociales, tanto que se acepta que durante esos años (1931-1932) se vivió en nuestro país una anarquía política.
Montero pronto aceptó la candidatura que le ofrecieron los partidos políticos, por lo que tuvo que renunciar a la vicepresidencia, y dejar en el puesto a Manuel Trucco. El gobierno de Trucco debía limitarse únicamente a mantener la administración del país y convocar a elecciones presidenciales. Sin embargo, debió enfrentar difíciles momentos, producidos por la sublevación de parte de la tripulación de algunos buques de la Armada, que protestaban por la rebaja de sus salarios (1-5 de septiembre de 1931). Si bien el movimiento fue controlado, esto fue una señal que vaticinaba lo que más adelante se produciría.
Finalmente, las elecciones se realizaron el 4 de octubre de 1931, y resultó ganador, Montero, quien asumió la presidencia en medio de una caótica crisis económica y financiera. Por ello era imperativo enfrentar esta situación, reducir gastos, disminuir sueldos, suprimir empleos públicos y conseguir nuevos créditos en el exterior.
No obstante, el desplome no cesó, ya que la moneda se desvalorizó y aumentó el costo de la vida, a la par que se reducían las reservas del Banco Central. Por ello, las críticas a este gobierno no cesaron y se manifestó en diversos sectores civiles y militares. Uno de estos grupos lo encabezaba el diplomático Carlos Dávila Espinoza. Otro sector, de carácter socialista, era dirigido por el comodoro del aire Marmaduque Grove, y un tercer grupo, la NAP (Nueva Asociación Pública), lo conducía el abogado Eugenio Matte Hurtado.
El 4 de junio de 1932 se produjo un levantamiento militar liderado por la Fuerza Aérea, que provocó la renuncia del presidente y la proclamación de una república socialista. Grove desempeñó un papel clave en esta sublevación y en su orientación política, pero el poder quedó a cargo de una junta de gobierno integrada por Arturo Puga, Carlos Dávila y Eugenio Matte. Uno de sus primeros actos fue decretar la disolución del “Congreso Termal” (ver recuadro) y disponer una serie de medidas de carácter social. Este nuevo gobierno captó la simpatía popular; no obstante, dentro de él no había unidad. Pronto Dávila renunció a la junta y fue reemplazado por Rolando Merino Reyes.
A los días después, Dávila conformó una nueva junta encabezada por él mismo y conformada, además, por el demócrata Nolasco Cárdenas Díaz y el radical moderado Alberto Cabero. Se restableció el orden público, pero se instauró un régimen que no tenía más apoyo que la fuerza.
Al poco tiempo, Dávila disolvió la junta y asumió el poder con el título de “Presidente provisional”. Convocó a elecciones para un nuevo Congreso y adoptó medidas para resolver la crisis económica. Sin embargo, la oposición hacia su gestión aumentaba y, finalmente, Dávila renunció y entregó el poder al general Bartolomé Blanche.
Blanche debió enfrentar una fuerte presión cívico-militar que clamaba por la vuelta a la normalidad institucional. Por ello, renunció el 2 de octubre y entregó el poder al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Abraham Oyanedel, quien llamó a elecciones presidenciales y parlamentarias para el 30 de octubre.
En estas elecciones triunfaron en forma amplia Arturo Alessandri Palma y los partidos que lo apoyaban: liberales, demócratas y radicales. Terminaba la anarquía y el país volvía a encauzarse hacia la recuperación de la institucionalidad.
Fuente: Icarito Diario La Tercera.
Clic aquí para ver video Caida del Presidente Montero y la vuelta de los militares al poder y el segundo gobierno de Arturo Alessandri.
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En la práctica, sin embargo, el presidencialismo (sistema de gobierno en el que el Presidente de la República es también el jefe del gobierno.) no se impuso de inmediato, pues en los ocho años que siguieron a la promulgación de esta nueva carta política, su implementación se vio interrumpida por varios intentos sucesivos de dar forma a un régimen presidencial.
El 1 de octubre de 1925, Arturo Alessandri Palma renunció a la presidencia. Mientras se buscaba un candidato que se presentara a las elecciones, asumió el mando como vicepresidente Luis Barros Borgoño, que se desempeñaba como ministro del Interior.
Los principales partidos políticos se pusieron de acuerdo en llevar a Emiliano Figueroa, quien se impuso por amplia mayoría en la primera votación directa de nuestra historia (24 de octubre de 1925).
A fines de 1925, Figueroa inició sus funciones, pero desde el principio su liderazgo fue incapaz de introducir los cambios que se esperaban. Poco a poco, el presidente fue apartándose de la dirección efectiva de los asuntos públicos. Sin embargo, su ministro de Guerra, el coronel Carlos Ibáñez del Campo, trató de llevar a cabo algunas reformas propuestas en 1924; pero lo hizo imponiendo mano dura. Muchos dirigentes políticos fueron encarcelados y otros partieron al exilio. A tanto llegó la audacia de Ibáñez, que ordenó remover a varios jueces, asunto que, de acuerdo con la Constitución, era privativo del Poder Judicial.
Ante tal situación, el 4 de mayo de 1927 Figueroa presentó su renuncia, lo que provocó que Ibáñez asumiera como vicepresidente y convocara a elecciones. En ellas se presentó como candidato único, obteniendo el 98 por ciento de los votos.
El gobierno de Ibáñez
Después de cuatro años de trastornos políticos y sociales, las principales preocupaciones de Ibáñez eran avocarse al restablecimiento del orden, la reestructuración de la administración pública y llevar a cabo una amplia reforma económica. Para ello, tomó duras medidas restrictivas y en contra de la corrupción, depurando la magistratura, el ejército y la armada.
Si bien Ibáñez controlaba el Congreso, este se convirtió en una referencia marginal sin incidencia en la política nacional, ya que gobernó utilizando varias veces el mecanismo de la dictación de decretos-leyes, más propios de los gobiernos de facto. Por el crecimiento que empezó a experimentar el aparato burocrático del Estado, Ibáñez se vio obligado a dictar en 1930 el Estatuto Administrativo, un conjunto de normas que rigen el actuar de los funcionarios públicos.
Nuevas instituciones fueron creadas bajo este mandato, entre ellas, Carabineros de Chile (1927), producto de la fusión de varios cuerpos policiales. En 1930, se dio vida a la Fuerza Aérea de Chile, una rama militar especializada en aeronáutica.
Bajo este gobierno la educación experimentó importantes reformas, haciéndose obligatoria para los niños y jóvenes entre siete y 15 años. Otro hecho destacado fue la dictación de la ley de autonomía universitaria, que garantizaba la independencia académica y administrativa de la Universidad de Chile.
Este mandato se caracterizó, principalmente, por la aplicación de un vasto programa de obras públicas que comprendió la construcción de escuelas, carreteras, puertos y edificios públicos. Dichos planes expansivos se financiaron con empréstitos obtenidos en el extranjero, especialmente en Estados Unidos.
En el plano internacional, su mayor acierto fue la conclusión del conflicto que enfrentaba, diplomáticamente, a nuestro país con el Perú desde 1893, por el dominio de Tacna y Arica, llegándose al acuerdo de dividir la zona. La primera ciudad quedó en territorio peruano y la segunda, en el chileno. Se estableció, además, el correspondiente límite (1929).
En 1929, la gran depresión mundial repercutió también en Chile, ya que se debían cancelar las cuotas correspondientes a los créditos internacionales adquiridos y, además, porque disminuyó notablemente la venta de salitre, debido a la competencia que le hacía el salitre sintético.
Para paliar los efectos de esta grave crisis, el gobierno de Ibáñez adoptó una serie de medidas, pero estas resultaron inútiles. De tal manera que, para 1931, la situación se tornó delicada: hubo una fuerte disminución del poder adquisitivo, una gran cesantía y la necesidad de suspender el pago de la deuda externa por falta de capital. La amenaza de la bancarrota se presentaba como una posibilidad real.
En julio de ese año, el descontento era creciente y un grupo de estudiantes realizó una agresiva protesta contra el gobierno. Este fue el comienzo de una agitación pública difícil de controlar. Sobrevino la confusión y el paro parcial de la industria y el comercio.
Ante la disyuntiva de renunciar o reprimir, Ibáñez optó por lo primero, y el 26 de julio de 1931 presentó su renuncia, cediendo el poder al presidente del Senado, Pedro Opazo Letelier, quien designó como vicepresidente al radical Juan Esteban Montero.
Clic aqui para ver el video youtube: Postales Bicentenario: La caida de Ibañez
La anarquía
Tras la caída de Ibáñez sobrevino un período complejo y lleno de incidencias político-sociales, tanto que se acepta que durante esos años (1931-1932) se vivió en nuestro país una anarquía política.
Montero pronto aceptó la candidatura que le ofrecieron los partidos políticos, por lo que tuvo que renunciar a la vicepresidencia, y dejar en el puesto a Manuel Trucco. El gobierno de Trucco debía limitarse únicamente a mantener la administración del país y convocar a elecciones presidenciales. Sin embargo, debió enfrentar difíciles momentos, producidos por la sublevación de parte de la tripulación de algunos buques de la Armada, que protestaban por la rebaja de sus salarios (1-5 de septiembre de 1931). Si bien el movimiento fue controlado, esto fue una señal que vaticinaba lo que más adelante se produciría.
Finalmente, las elecciones se realizaron el 4 de octubre de 1931, y resultó ganador, Montero, quien asumió la presidencia en medio de una caótica crisis económica y financiera. Por ello era imperativo enfrentar esta situación, reducir gastos, disminuir sueldos, suprimir empleos públicos y conseguir nuevos créditos en el exterior.
No obstante, el desplome no cesó, ya que la moneda se desvalorizó y aumentó el costo de la vida, a la par que se reducían las reservas del Banco Central. Por ello, las críticas a este gobierno no cesaron y se manifestó en diversos sectores civiles y militares. Uno de estos grupos lo encabezaba el diplomático Carlos Dávila Espinoza. Otro sector, de carácter socialista, era dirigido por el comodoro del aire Marmaduque Grove, y un tercer grupo, la NAP (Nueva Asociación Pública), lo conducía el abogado Eugenio Matte Hurtado.
El 4 de junio de 1932 se produjo un levantamiento militar liderado por la Fuerza Aérea, que provocó la renuncia del presidente y la proclamación de una república socialista. Grove desempeñó un papel clave en esta sublevación y en su orientación política, pero el poder quedó a cargo de una junta de gobierno integrada por Arturo Puga, Carlos Dávila y Eugenio Matte. Uno de sus primeros actos fue decretar la disolución del “Congreso Termal” (ver recuadro) y disponer una serie de medidas de carácter social. Este nuevo gobierno captó la simpatía popular; no obstante, dentro de él no había unidad. Pronto Dávila renunció a la junta y fue reemplazado por Rolando Merino Reyes.
A los días después, Dávila conformó una nueva junta encabezada por él mismo y conformada, además, por el demócrata Nolasco Cárdenas Díaz y el radical moderado Alberto Cabero. Se restableció el orden público, pero se instauró un régimen que no tenía más apoyo que la fuerza.
Al poco tiempo, Dávila disolvió la junta y asumió el poder con el título de “Presidente provisional”. Convocó a elecciones para un nuevo Congreso y adoptó medidas para resolver la crisis económica. Sin embargo, la oposición hacia su gestión aumentaba y, finalmente, Dávila renunció y entregó el poder al general Bartolomé Blanche.
Blanche debió enfrentar una fuerte presión cívico-militar que clamaba por la vuelta a la normalidad institucional. Por ello, renunció el 2 de octubre y entregó el poder al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Abraham Oyanedel, quien llamó a elecciones presidenciales y parlamentarias para el 30 de octubre.
En estas elecciones triunfaron en forma amplia Arturo Alessandri Palma y los partidos que lo apoyaban: liberales, demócratas y radicales. Terminaba la anarquía y el país volvía a encauzarse hacia la recuperación de la institucionalidad.
Fuente: Icarito Diario La Tercera.
Clic aquí para ver video Caida del Presidente Montero y la vuelta de los militares al poder y el segundo gobierno de Arturo Alessandri.
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Arturo Alessandri Palma: Biografia, pensamiento y vida politica.
Clic aqui para informacion detallada de Arturo Alessandri Palma
Resumen de su vida.
Resumen de su vida.
Hijo de Pedro Alessandri Vargas, hijo de inmigrante
italiano, y de Susana Palma Guzmán. Nació, en Linares, el 20 de
diciembre de 1868.
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| Arturo Alessandri Palma y "Ulk". |
Su padre se dedicaba a las labores agrícolas de la
Hacienda de Longaví, donde nació Arturo y en la cual vivía. A los doce
años de edad entró al Colegio Sagrados Corazones de los Padres
Franceses, establecimiento donde estudiaban sus hermanos y había
estudiado su padre.
Luego ingresó a la Universidad de Chile a estudiar leyes. Se tituló de abogado el 12 de enero de 1893.
Desde muy joven participó en el Partido Liberal, integrando su directorio en esa época.
El primer cargo público que obtuvo fue el de jefe de sección en la Biblioteca Nacional.
Durante 1897 y 1915, fue diputado por Curicó.
En el gobierno de Federico Errázuriz Echaurren,
y desde el 19 de diciembre de 1898 y hasta el 29 de abril de 1899,
estuvo a cargo del ministerio de Industrias y Obras Públicas.
En el gobierno de Ramón Barros Luco fue titular del ministerio de
Hacienda entre el 16 de junio y el 17 de noviembre de 1913.
Durante la presidencia de Juan Luis Sanfuentes,
y siendo senador por Tarapacá desde 1915, ocupó el cargo de ministro
del Interior entre el 22 de abril y el 6 de septiembre de 1918.
La campaña electoral para las elecciones parlamentarias de 1915 tuvo mucho
significado para la carrera política de Alessandri. Fue a partir de esa época
que se le conoció como “El León de Tarapacá”.
Arturo Alessandri fue apodado "León de Tarapacá"
porque al momento de presentar su candidatura a Senador por esa zona se
pensó que era el único candidato capaz de
derrotar a las fuerzas balmacedistas locales.
Su candidatura la respaldaron los partidos liberal
y radical, en contra de la candidatura de Arturo del Río Racet, sustentada por
los conservadores y liberales democráticos.
Del Río fue un fuerte oponente, puesto que era muy
conocido en la zona y había ocupado ya el sillón senatorial por ella desde
1909.
Los favores hacia su contendor hicieron que
Alessandri pronunciase un acalorado discurso ante la Cámara, atacando
directamente al ministro del Interior, Pedro Nicolás Montenegro. Durante
su debate, el candidato injurió al ministro, quien renunció y luego
envió sus
padrinos a Alessandri.
El duelo se realizó el 13 de febrero de 1915, sin resultados lamentables para los contrincantes.
De regreso al norte después de su duelo nada menos
que con el ministro del Interior, quien finalmente no renunció,
emprendió con mayores bríos su campaña, dándole un matiz popular.
Gracias a la fogosidad de su discurso, obtuvo la victoria, que lo llevó a
la senaturía por la zona norte entre 1915 y 1921.
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| Arturo Alessandri durante la firma de la Reforma a la Constitución de 1925 en el Salón Rojo del Palacio de La Moneda. |
La Convención de la Alianza Liberal, integrada por
liberales reformistas, radicales y demócratas, lo proclamó candidato a
la Presidencia de la República, tras su triunfo sobre Eleodoro Yáñez en
las elecciones internas.
En la carrera por la presidencia, su contendor fue
Luis Barros Borgoño, candidato de la Unión Nacional. Se recuerdan estas
elecciones especialmente por la incorporación de las masas populares.
Los simpatizantes de Alessandri permanecían afuera de su casa, esperando
algún encendido discurso del candidato. Dice la fábula, que algunos
partidarios más osados sacaron
trozos de estuco de la muralla exterior de la casa para guardarlos
como
reliquias.
Asimismo, estos fanáticos adaptaron la canción mexicana “Cielito Lindo” como himno de la campaña.
Arturo Alessandri era un fervoroso y apasionado
orador que seducía a las masas con sus encendidos discursos llamándolas
"mi querida chusma" y hablándoles "con la
mano en el corazón", decía el político.
A pesar de esto, el resultado de la elección fue
estrecho, debiendo dirimir, en última instancia, el Tribunal de Honor, quien
dio como ganador a Alessandri. Esta resolución la aceptaron ambos políticos.
Alessandri estuvo deportado en el extranjero
durante casi la totalidad de los años 1925 y 1931, mientras gobernaban Emiliano
Figueroa e Ibáñez, respectivamente.
Desde fuera, dirigió o formó parte de algunos de los complots que se planearon en contra del gobierno de Ibáñez.
Derrocado el gobierno de este último, en julio de 1931, retornó al país
y fue candidato presidencial respaldado por sectores del Partido
Socialista, del Liberal
Democrático, del Demócrata, del Radical Socialista, de la Legión
Republicana
y del “Comité de Obreros Cesantes”.
Sin embargo, en las elecciones triunfó el candidato
de los conservadores, liberales, radicales, Juan Esteban Montero.
Más adelante, dicho gobernante fue derrocado y,
según algunos testimonios de la época, de este hecho no estuvo ajeno su
anterior contendor, Arturo Alessandri. Esto se le atribuye debido al fracaso en
las negociaciones con los revolucionarios.
Luego de la caída de Montero, se sucedieron varias
Juntas de Gobierno en 1932. Para las elecciones presidenciales de octubre,
Alessandri se postuló nuevamente. Esta vez lo apoyaron los radicales,
liberales, salvo una fracción que apoyó a Enrique Zañartu, los demócratas y
los social republicanos.
Los conservadores proclamaron a Héctor Rodríguez de la Sotta,
más bien como un “saludo a la bandera”, los socialistas a Marmaduque Grove y
los comunistas a Elías Lafferte.
Esta vez, el triunfo de Alessandri, con mayoría
absoluta, no causó la menor duda; sólo llamó la atención la gran cantidad de
votos que logró Grove, quien estuvo deportado en Isla de Pascua durante toda la
campaña.
El perro que acompañaba a Arturo Alessandri en la Moneda
se llamaba Ulk y se encuentra actualmente embalsamado en el Museo Histórico
Nacional de Santiago, como parte de la colección permanente de esa institución.
Arturo Alessandri, refiriéndose al Palacio de la Moneda,
lo definía como "la casa donde tanto se sufre", frase que se
convirtió en una muletilla para otros gobernantes.
Al terminar su segundo gobierno, en 1938, fue
elegido senador por Talca, Curicó, Maule y Linares en una elección
complementaria efectuada en 1944, a efectos de llenar la vacante que dejó Amador Pairoa,
senador comunista, que falleciera en julio de ese año. En esta ocasión, el
derrotado fue Guillermo del Pedregal.
En 1949 salió elegido senador por Santiago. Desde
el año 1945 y hasta el 24 de agosto de 1950, fecha de su fallecimiento, fue
Presidente del Senado.
Estuvo casado con Rosa Ester Rodríguez Velasco, con
quien tuvo ocho hijos: Arturo, Rosa Ester, Jorge, Fernando, Hernán, Eduardo,
Marta y Mario.
Falleció en Santiago el 24 de agosto de 1950.
Primer gobierno (1920-1925)
Su primer periodo gubernativo comenzó el 23 de diciembre de 1920.
En su programa como candidato ofrecía una serie de
reformas, esencialmente de carácter social y de progreso para los
asalariados. Para ello proponía, entre otras medidas, la dictación de un
Código del Trabajo, reformar la Constitución de 1833 para fortalecer al
Ejecutivo, implantar el Impuesto a la Renta, crear el Banco Central,
realizar la conversión metálica y otras.
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| Arturo Alessandri (al fondo) junto a su perro Ulk y el ministro Gustavo Ross Santa María, a mediados de la década de 1930. |
No obstante, como ocurrió en otros gobiernos
anteriores, y posteriores, las mejores intenciones de Alessandri se
toparon con las trabas puestas por los parlamentarios, quienes dominaban
la política de ese tiempo. Asimismo, en el Senado encontró la oposición
de la Unión Nacional, que siempre estuvo en mayoría.
A raíz de la fuerza del régimen parlamentario, debió cambiar su equipo de gobierno diecisiete veces.
Durante este primer periodo de Alessandri, hubo
graves conflictos políticos, algunos de extrema violencia, además, se
acrecentaron la crisis económica y la cesantía. En general, el
descontento era masivo.
El Gobierno se caracterizó por la
fuerte violencia con que reprimió las demandas de los sectores insatisfechos.
Un ejemplo de esto se dio en febrero de 1921, en San Gregorio, donde obreros de
las salitreras fueron reprimidos por el Ejército, muriendo miembros de éste y
un centenar de obreros.
En las elecciones parlamentarias de 1924, y a
pesar de la intervención del gobierno, no pudo evitar que la Unión
Nacional mantuviera su mayoría en el Senado.
Los más graves disturbios se produjeron a partir
del 3 de septiembre de ese año, cuando el Congreso aprobó una ley que
otorgaba dieta a los parlamentarios, quedando pospuestos los proyectos
de legislación social.
Sumado a otras presiones, el 5 de septiembre de
1924 se produjo un golpe militar, que llevó al Presidente a viajar al
extranjero y a los militares a hacerse cargo del poder de la Junta el 11
de septiembre.
El 23 de enero de 1925 se formó una Junta de
Gobierno. Esta llamó a Alessandri a que volviera y asumiera la
Presidencia, nuevamente.
Arturo Alessandri regresó en marzo de ese año y tuvo un magnífico recibimiento, que se recuerda por su magnitud.
Las leyes sociales habían sido aprobadas en
septiembre de 1924, a raíz del golpe militar. Por tanto, Alessandri
destinó sus esfuerzos a lograr la modificación a la Constitución de
1833. Encomendó a una comisión que elaborara el proyecto, el cual fue
aprobado por plebiscito y comenzó a regir como la Constitución de
1925. La reforma primordial de este nuevo texto es el cambio del régimen
parlamentario por el presidencial.
Este periodo, que va de marzo a octubre de 1925,
tampoco estuvo ajeno a hechos de violencia. El 5 de junio se produjeron
violentos incidentes en otra salitrera, La Coruña, donde
murieron numerosos trabajadores y algunos miembros de sus familias.
Al acercarse el fin de su periodo, nuevos
trastornos políticos enturbiaron los ánimos, al definir al candidato
presidencial sucesor de Alessandri, quien tuvo altercados con su
ministro de Guerra, el coronel Ibáñez.
El 2 de octubre, Alessandri renunció y entregó el
cargo a su ministro del Interior, Luis Barros Borgoño, quien a su vez se
lo entregó a Emiliano Figueroa, ganador de las elecciones del 24 de
octubre de 1925.
Segundo gobierno (1932-1938)
Alessandri asumió por segunda vez la Presidencia de la República, el 24
de diciembre de 1932, al vencer en las elecciones de ese año. Recibió al país
sumido en una profunda crisis económica y política; esta última se arrastraba
desde hace varios años, no habiéndola podido solucionar los mandatarios
anteriores.
Debido a la crisis, aún no se despachaban los
presupuestos para el año 1933.
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| Estatua de Arturo Alessandri frente a “la casa donde tanto se sufre”. |
El Fisco tenía un déficit presupuestario de
alrededor de cuatrocientos millones de pesos y convenios pendientes por mil
sesenta millones de pesos; punto aparte era la deuda interna, que ascendía por
sobre los mil millones de pesos.
Asimismo, la nación tenía una deuda externa de
cuatrocientos cincuenta millones de dólares.
Alessandri acusaba a la Compañía Salitrera
Chilena (COSACH), creada por su oponente Ibáñez, de llevar a la quiebra la
industria salitrera, al perder los mercados extranjeros, y de prestarse para toda clase de negociados.
A este respecto, hay que destacar la acción
reparadora de la economía efectuada por Alessandri en este segundo gobierno,
secundado por su ministro de Hacienda, Gustavo Ross.
Se pusieron en marcha algunas medidas que fueron
exitosas a nivel financiero, como la creación de la Caja de Amortización, la Corporación de
Ventas de Salitre y Yodo, la implantación del impuesto a la cifra de negocios,
entre otras. Sin embargo, no se lograron muchos beneficios para los
trabajadores.
Entre éstos, está la dictación de la Ley Nº 6.020, que implantó
el régimen de sueldos vitales para los empleados particulares y la Ley de Medicina Preventiva,
impulsada por el doctor Eduardo Cruz-Coke cuando ocupó el cargo de Ministro de
Salud en 1937.
En este segundo gobierno de Alessandri, su
tendencia política fue cada vez más hacia la derecha y preocupado de
proteger sus intereses.
A esta actitud se opusieron los partidos de
izquierda y de los organismos sindicales que vieron, primero con el apoyo del
Presidente a la Milicia Republicana, y después en la insensibilidad de su
Ministro de Hacienda, una seria amenaza a sus conquistas sociales.
En el periodo, dos hechos marcaron la gravedad de
las discrepancias entre el gobierno y la oposición: los incidentes de Ranquil y
la matanza del Seguro Obrero, el 5 de septiembre de 1938. Éstos crearon un
ambiente violento, que fue aprovechado y alimentado por el Partido Comunista y
llevó a la creación del Frente Popular. El país quedó, entonces, dividido en
dos bandos adversos.
Por su parte, la derecha también puso su cuota en
este clima de disconformidad al proclamar como su candidato a la
Presidencia a Gustavo Ross, que aparecía como el símbolo de la reacción.
Como se dice, la verdad se vio en las urnas, y ésta
dio la victoria al candidato del Frente Popular, Pedro Aguirre Cerda, quien
recibió el mando el 24 de diciembre de 1938 de manos de Arturo Alessandri
Palma.
Es propiedad: www.profesorenlinea.cl
El Parlamentarismo chileno
El conjunto de reformas constitucionales llevadas a cabo en la década
de 1870 posibilitaron que el poder del Congreso aumentara
considerablemente, en desmedro de las atribuciones del Presidente de la
República. Esta situación generó que en la práctica cotidiana el actor
más relevante de la política chilena fuera el Parlamento; sin embargo,
este cambio de escenario no se realizó en el texto constitucional, sino
que lisa y llanamente comenzó a imponerse en los hechos debido a la
existencia de las llamadas “leyes periódicas”.
El presidente José Manuel Balmaceda, al asumir su cargo en el año 1886, promovió un amplio programa de gobierno en el que sobresalían un paquete de grandes obras de infraestructura pública, una sustancial mejora al sistema educativo, y en el ámbito político la unión bajo un solo referente del liberalismo. No obstante, las intenciones del presidente Balmaceda chocaron de frente con la actitud del Parlamento, ya que su marcado estilo presidencialista entraba en conflicto con el nuevo estilo de hacer política que había adoptado en Chile luego de las reformas a la Constitución de 1833.
Los principales focos de enfrentamiento entre el poder Ejecutivo y el Legislativo se encendieron porque este último criticaba ácidamente las ingentes sumas de dinero que el gobierno de Balmaceda requería para su programa de obras públicas; aunque, sin embargo, los mayores roces se produjeron por las intenciones de Balmaceda respecto a la nacionalización de las oficinas salitreras, opción contra la que los miembros del Congreso se manifestaron abiertamente.
Las tensas relaciones entre el Parlamento y el gobierno llegaron a su máximo nivel de animosidad a medida que los parlamentarios rechazaban a los sucesivos gabinetes que el Ejecutivo presentaba al Congreso para su aprobación; de esta forma, la administración Balmaceda entró en una dinámica conocida como “rotativa ministerial”, y de hecho, llegó a tener 14 gabinetes de distinta conformación.
La principal estrategia utilizada por el Parlamento para ejercer presión sobre las decisiones del Ejecutivo era el rechazo de las denominadas “leyes periódicas”, como la ley de presupuesto, la ley de contribuciones y la ley de las Fuerzas Armadas. El mecanismo usado por el Congreso era bastante simple y se limitaba a la no aprobación de leyes que tenían duración periódica (12 o 18 meses), ya que según lo señalado en la Constitución, los proyectos de ley rechazados no podía volver a tramitarse hasta un año después de ser presentados originalmente. Por ello, si bien la facultad de designar a los ministros era competencia exclusiva del presidente, cuando el Parlamento no aprobaba a los ministros elegidos por Balmaceda procedía al bloqueo de las iniciativas de ley de carácter periódico. Enfrentado a este panorama, el presidente la mayoría de las ocasiones, optaba por retirar a los ministros cuestionados y proponía a un candidato afín a la mayoría parlamentaria.
En este contexto, las intenciones de Balmaceda de transformar la política chilena hacia una república de carácter presidencialista chocaron bruscamente con la posición que había adquirido progresivamente el Parlamento en la escena política nacional. Lo paradójico de este hecho, es que durante su juventud el presidente Balmaceda fue un ferviente partidario de reducir las atribuciones del poder Ejecutivo y de fortalecer las del Congreso.
Los problemas entre la administración Balmaceda y el Parlamento se derivaron de las frecuentes visitas que debían realizar los ministros del Interior a dar explicaciones por las medidas adoptadas en variados aspectos políticos. De esta forma se generalizó un clima de desconfianza entre los partidos y el Ejecutivo, llegando este último a sugerir la necesidad de eliminar estas prácticas políticas.
Numerosos fueron los desencuentros que surgieron entre ambos poderes del Estado, y por ello Balmaceda debió ceder frente a los parlamentarios al modificar sus gabinetes. Sin embargo, a fines de 1890 la situación llegó a un punto de no retorno cuando el presidente se negó a atender la presión del Parlamento, en instancias en que la ley de presupuesto para el año siguiente se hallaba en plena discusión. Ante la negativa del Congreso para ratificar la ley señalada, a comienzos del año 1891 Balmaceda optó por medio de un decreto prorrogar la vigencia de la ley de presupuesto del año anterior. La consecuencia más relevante de este hecho de carácter inconstitucional fue el definitivo quiebre entre el Ejecutivo y el Legislativo.
La respuesta del Congreso no se hizo esperar, e inmediatamente procedió a la destitución de Balmaceda y tras ello se desató una guerra civil protagonizada por los adherentes de cada sector. Con el apoyo de la Armada y de una parte del Ejército, el Congreso instauró una junta de gobierno y se trasladó hacia la ciudad de Iquique, lugar en el cual se organizaron las tropas de los parlamentarios. Luego de los triunfos en las batallas de Concón y Placilla, las fuerzas del Parlamento retomaron el control del país y pusieron fin al enfrentamiento fraticida. El presidente Balmaceda, tras la trágica derrota, se retiró a la embajada de Argentina y el día 18 de septiembre de 1891 se suicidó.
Una vez resuelto el conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento, la política chilena permanecería invariable por un largo tiempo. A decir verdad, el parlamentarismo chileno no era tal en la práctica, porque este sistema político requiere la existencia de dos conglomerados políticos que se alternen en los cargos de gobierno; además, una constitución parlamentaria debe incluir entre las atribuciones del primer ministro o presidente del Congreso la posibilidad de disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones, así como también la potestad de clausurar el debate legislativo para despachar los proyectos de ley respectivos.
No obstante lo anterior, en Chile durante el periodo que va desde 1891 a 1925 el actor político más relevante fue el Parlamento, lo que quedó claramente establecido en un conjunto de disposiciones tendientes a atenuar el poder del presidente. Podemos citar como ejemplo la potestad que poseía el presidente de nombrar a los ministros, la que se hallaba coartada por el hecho de que esta elección estaba sometida al escrutinio del Congreso; en el caso de que los ministros no contaran con la venia parlamentaria no podían asumir sus carteras. Por lo demás, los ministros en ejercicio debían responder constantemente a las interpelaciones de los parlamentarios, situaciones en la cuales necesitaban la asignación de un voto de confianza del Congreso, o de lo contrario tenían que renunciar a sus cargos.
De esta forma la figura del Presidente de la República quedó reducida a un mero arbitro entre las diferencias que presentaban los sectores políticos con representación parlamentaria. Para la época de la República Salitrera, los principales conglomerados políticos eran la Alianza Liberal, que reunía bajo su impronta a los diversos sectores que componían el liberalismo, y la Coalición conservadora, eje en el cual predominaban los sectores cercanos al clero y a las antiguas familias terratenientes.
En este contexto político, el rol de los gobiernos de turno se limitó a recaudar los enormes ingresos provenientes de los impuestos aplicados a la industria del salitre; esta situación daba cuenta de una marcada inactividad política que llevó al país a una crisis social que estallaría en el gobierno de Arturo Alessandri.
Sin embargo, a pesar de las escasas iniciativas desplegadas por los gobiernos de la República Salitrera, en este periodo de promulgaron significativas leyes como la dictación de la Ley de Comuna Autónoma, en el año 1891 la que decretaba la independencia de la administración municipal del poder Ejecutivo. En este periodo, además, se promulgaron el Código de Procedimiento Penal y el de Procedimiento Civil.
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El presidente José Manuel Balmaceda, al asumir su cargo en el año 1886, promovió un amplio programa de gobierno en el que sobresalían un paquete de grandes obras de infraestructura pública, una sustancial mejora al sistema educativo, y en el ámbito político la unión bajo un solo referente del liberalismo. No obstante, las intenciones del presidente Balmaceda chocaron de frente con la actitud del Parlamento, ya que su marcado estilo presidencialista entraba en conflicto con el nuevo estilo de hacer política que había adoptado en Chile luego de las reformas a la Constitución de 1833.
Los principales focos de enfrentamiento entre el poder Ejecutivo y el Legislativo se encendieron porque este último criticaba ácidamente las ingentes sumas de dinero que el gobierno de Balmaceda requería para su programa de obras públicas; aunque, sin embargo, los mayores roces se produjeron por las intenciones de Balmaceda respecto a la nacionalización de las oficinas salitreras, opción contra la que los miembros del Congreso se manifestaron abiertamente.
Las tensas relaciones entre el Parlamento y el gobierno llegaron a su máximo nivel de animosidad a medida que los parlamentarios rechazaban a los sucesivos gabinetes que el Ejecutivo presentaba al Congreso para su aprobación; de esta forma, la administración Balmaceda entró en una dinámica conocida como “rotativa ministerial”, y de hecho, llegó a tener 14 gabinetes de distinta conformación.
La principal estrategia utilizada por el Parlamento para ejercer presión sobre las decisiones del Ejecutivo era el rechazo de las denominadas “leyes periódicas”, como la ley de presupuesto, la ley de contribuciones y la ley de las Fuerzas Armadas. El mecanismo usado por el Congreso era bastante simple y se limitaba a la no aprobación de leyes que tenían duración periódica (12 o 18 meses), ya que según lo señalado en la Constitución, los proyectos de ley rechazados no podía volver a tramitarse hasta un año después de ser presentados originalmente. Por ello, si bien la facultad de designar a los ministros era competencia exclusiva del presidente, cuando el Parlamento no aprobaba a los ministros elegidos por Balmaceda procedía al bloqueo de las iniciativas de ley de carácter periódico. Enfrentado a este panorama, el presidente la mayoría de las ocasiones, optaba por retirar a los ministros cuestionados y proponía a un candidato afín a la mayoría parlamentaria.
En este contexto, las intenciones de Balmaceda de transformar la política chilena hacia una república de carácter presidencialista chocaron bruscamente con la posición que había adquirido progresivamente el Parlamento en la escena política nacional. Lo paradójico de este hecho, es que durante su juventud el presidente Balmaceda fue un ferviente partidario de reducir las atribuciones del poder Ejecutivo y de fortalecer las del Congreso.
Los problemas entre la administración Balmaceda y el Parlamento se derivaron de las frecuentes visitas que debían realizar los ministros del Interior a dar explicaciones por las medidas adoptadas en variados aspectos políticos. De esta forma se generalizó un clima de desconfianza entre los partidos y el Ejecutivo, llegando este último a sugerir la necesidad de eliminar estas prácticas políticas.
Numerosos fueron los desencuentros que surgieron entre ambos poderes del Estado, y por ello Balmaceda debió ceder frente a los parlamentarios al modificar sus gabinetes. Sin embargo, a fines de 1890 la situación llegó a un punto de no retorno cuando el presidente se negó a atender la presión del Parlamento, en instancias en que la ley de presupuesto para el año siguiente se hallaba en plena discusión. Ante la negativa del Congreso para ratificar la ley señalada, a comienzos del año 1891 Balmaceda optó por medio de un decreto prorrogar la vigencia de la ley de presupuesto del año anterior. La consecuencia más relevante de este hecho de carácter inconstitucional fue el definitivo quiebre entre el Ejecutivo y el Legislativo.
La respuesta del Congreso no se hizo esperar, e inmediatamente procedió a la destitución de Balmaceda y tras ello se desató una guerra civil protagonizada por los adherentes de cada sector. Con el apoyo de la Armada y de una parte del Ejército, el Congreso instauró una junta de gobierno y se trasladó hacia la ciudad de Iquique, lugar en el cual se organizaron las tropas de los parlamentarios. Luego de los triunfos en las batallas de Concón y Placilla, las fuerzas del Parlamento retomaron el control del país y pusieron fin al enfrentamiento fraticida. El presidente Balmaceda, tras la trágica derrota, se retiró a la embajada de Argentina y el día 18 de septiembre de 1891 se suicidó.
Una vez resuelto el conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento, la política chilena permanecería invariable por un largo tiempo. A decir verdad, el parlamentarismo chileno no era tal en la práctica, porque este sistema político requiere la existencia de dos conglomerados políticos que se alternen en los cargos de gobierno; además, una constitución parlamentaria debe incluir entre las atribuciones del primer ministro o presidente del Congreso la posibilidad de disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones, así como también la potestad de clausurar el debate legislativo para despachar los proyectos de ley respectivos.
No obstante lo anterior, en Chile durante el periodo que va desde 1891 a 1925 el actor político más relevante fue el Parlamento, lo que quedó claramente establecido en un conjunto de disposiciones tendientes a atenuar el poder del presidente. Podemos citar como ejemplo la potestad que poseía el presidente de nombrar a los ministros, la que se hallaba coartada por el hecho de que esta elección estaba sometida al escrutinio del Congreso; en el caso de que los ministros no contaran con la venia parlamentaria no podían asumir sus carteras. Por lo demás, los ministros en ejercicio debían responder constantemente a las interpelaciones de los parlamentarios, situaciones en la cuales necesitaban la asignación de un voto de confianza del Congreso, o de lo contrario tenían que renunciar a sus cargos.
De esta forma la figura del Presidente de la República quedó reducida a un mero arbitro entre las diferencias que presentaban los sectores políticos con representación parlamentaria. Para la época de la República Salitrera, los principales conglomerados políticos eran la Alianza Liberal, que reunía bajo su impronta a los diversos sectores que componían el liberalismo, y la Coalición conservadora, eje en el cual predominaban los sectores cercanos al clero y a las antiguas familias terratenientes.
En este contexto político, el rol de los gobiernos de turno se limitó a recaudar los enormes ingresos provenientes de los impuestos aplicados a la industria del salitre; esta situación daba cuenta de una marcada inactividad política que llevó al país a una crisis social que estallaría en el gobierno de Arturo Alessandri.
Sin embargo, a pesar de las escasas iniciativas desplegadas por los gobiernos de la República Salitrera, en este periodo de promulgaron significativas leyes como la dictación de la Ley de Comuna Autónoma, en el año 1891 la que decretaba la independencia de la administración municipal del poder Ejecutivo. En este periodo, además, se promulgaron el Código de Procedimiento Penal y el de Procedimiento Civil.
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