El Parlamentarismo chileno

El conjunto de reformas constitucionales llevadas a cabo en la década de 1870 posibilitaron que el poder del Congreso aumentara considerablemente, en desmedro de las atribuciones del Presidente de la República. Esta situación generó que en la práctica cotidiana el actor más relevante de la política chilena fuera el Parlamento; sin embargo, este cambio de escenario no se realizó en el texto constitucional, sino que lisa y llanamente comenzó a imponerse en los hechos debido a la existencia de las llamadas “leyes periódicas”.
El presidente José Manuel Balmaceda, al asumir su cargo en el año 1886, promovió un amplio programa de gobierno en el que sobresalían un paquete de grandes obras de infraestructura pública, una sustancial mejora al sistema educativo, y en el ámbito político la unión bajo un solo referente del liberalismo. No obstante, las intenciones del presidente Balmaceda chocaron de frente con la actitud del Parlamento, ya que su marcado estilo presidencialista entraba en conflicto con el nuevo estilo de hacer política que había adoptado en Chile luego de las reformas a la Constitución de 1833.
Los principales focos de enfrentamiento entre el poder Ejecutivo y el Legislativo se encendieron porque este último criticaba ácidamente las ingentes sumas de dinero que el gobierno de Balmaceda requería para su programa de obras públicas; aunque, sin embargo, los mayores roces se produjeron por las intenciones de Balmaceda respecto a la nacionalización de las oficinas salitreras, opción contra la que los miembros del Congreso se manifestaron abiertamente.
Las tensas relaciones entre el Parlamento y el gobierno llegaron a su máximo nivel de animosidad a medida que los parlamentarios rechazaban a los sucesivos gabinetes que el Ejecutivo presentaba al Congreso para su aprobación; de esta forma, la administración Balmaceda entró en una dinámica conocida como “rotativa ministerial”, y de hecho, llegó a tener 14 gabinetes de distinta conformación.
La principal estrategia utilizada por el Parlamento para ejercer presión sobre las decisiones del Ejecutivo era el rechazo de las denominadas “leyes periódicas”, como la ley de presupuesto, la ley de contribuciones y la ley de las Fuerzas Armadas. El mecanismo usado por el Congreso era bastante simple y se limitaba a la no aprobación de leyes que tenían duración periódica (12 o 18 meses), ya que según lo señalado en la Constitución, los proyectos de ley rechazados no podía volver a tramitarse hasta un año después de ser presentados originalmente. Por ello, si bien la facultad de designar a los ministros era competencia exclusiva del presidente, cuando el Parlamento no aprobaba a los ministros elegidos por Balmaceda procedía al bloqueo de las iniciativas de ley de carácter periódico. Enfrentado a este panorama, el presidente la mayoría de las ocasiones, optaba por retirar a los ministros cuestionados y proponía a un candidato afín a la mayoría parlamentaria.
En este contexto, las intenciones de Balmaceda de transformar la política chilena hacia una república de carácter presidencialista chocaron bruscamente con la posición que había adquirido progresivamente el Parlamento en la escena política nacional. Lo paradójico de este hecho, es que durante su juventud el presidente Balmaceda fue un ferviente partidario de reducir las atribuciones del poder Ejecutivo y de fortalecer las del Congreso.
Los problemas entre la administración Balmaceda y el Parlamento se derivaron de las frecuentes visitas que debían realizar los ministros del Interior a dar explicaciones por las medidas adoptadas en variados aspectos políticos. De esta forma se generalizó un clima de desconfianza entre los partidos y el Ejecutivo, llegando este último a sugerir la necesidad de eliminar estas prácticas políticas.
Numerosos fueron los desencuentros que surgieron entre ambos poderes del Estado, y por ello Balmaceda debió ceder frente a los parlamentarios al modificar sus gabinetes. Sin embargo, a fines de 1890 la situación llegó a un punto de no retorno cuando el presidente se negó a atender la presión del Parlamento, en instancias en que la ley de presupuesto para el año siguiente se hallaba en plena discusión. Ante la negativa del Congreso para ratificar la ley señalada, a comienzos del año 1891 Balmaceda optó por medio de un decreto prorrogar la vigencia de la ley de presupuesto del año anterior. La consecuencia más relevante de este hecho de carácter inconstitucional fue el definitivo quiebre entre el Ejecutivo y el Legislativo.
La respuesta del Congreso no se hizo esperar, e inmediatamente procedió a la destitución de Balmaceda y tras ello se desató una guerra civil protagonizada por los adherentes de cada sector. Con el apoyo de la Armada y de una parte del Ejército, el Congreso instauró una junta de gobierno y se trasladó hacia la ciudad de Iquique, lugar en el cual se organizaron las tropas de los parlamentarios. Luego de los triunfos en las batallas de Concón y Placilla, las fuerzas del Parlamento retomaron el control del país y pusieron fin al enfrentamiento fraticida. El presidente Balmaceda, tras la trágica derrota, se retiró a la embajada de Argentina y el día 18 de septiembre de 1891 se suicidó.
Una vez resuelto el conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento, la política chilena permanecería invariable por un largo tiempo. A decir verdad, el parlamentarismo chileno no era tal en la práctica, porque este sistema político requiere la existencia de dos conglomerados políticos que se alternen en los cargos de gobierno; además, una constitución parlamentaria debe incluir entre las atribuciones del primer ministro o presidente del Congreso la posibilidad de disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones, así como también la potestad de clausurar el debate legislativo para despachar los proyectos de ley respectivos.
No obstante lo anterior, en Chile durante el periodo que va desde 1891 a 1925 el actor político más relevante fue el Parlamento, lo que quedó claramente establecido en un conjunto de disposiciones tendientes a atenuar el poder del presidente. Podemos citar como ejemplo la potestad que poseía el presidente de nombrar a los ministros, la que se hallaba coartada por el hecho de que esta elección estaba sometida al escrutinio del Congreso; en el caso de que los ministros no contaran con la venia parlamentaria no podían asumir sus carteras. Por lo demás, los ministros en ejercicio debían responder constantemente a las interpelaciones de los parlamentarios, situaciones en la cuales necesitaban la asignación de un voto de confianza del Congreso, o de lo contrario tenían que renunciar a sus cargos.
De esta forma la figura del Presidente de la República quedó reducida a un mero arbitro entre las diferencias que presentaban los sectores políticos con representación parlamentaria. Para la época de la República Salitrera, los principales conglomerados políticos eran la Alianza Liberal, que reunía bajo su impronta a los diversos sectores que componían el liberalismo, y la Coalición conservadora, eje en el cual predominaban los sectores cercanos al clero y a las antiguas familias terratenientes.
En este contexto político, el rol de los gobiernos de turno se limitó a recaudar los enormes ingresos provenientes de los impuestos aplicados a la industria del salitre; esta situación daba cuenta de una marcada inactividad política que llevó al país a una crisis social que estallaría en el gobierno de Arturo Alessandri.
Sin embargo, a pesar de las escasas iniciativas desplegadas por los gobiernos de la República Salitrera, en este periodo de promulgaron significativas leyes como la dictación de la Ley de Comuna Autónoma, en el año 1891 la que decretaba la independencia de la administración municipal del poder Ejecutivo. En este periodo, además, se promulgaron el Código de Procedimiento Penal y el de Procedimiento Civil.

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