La Republica Presidencialista 1925

La promulgación de una nueva Constitución, el 18 de septiembre de 1925, conocida como la Constitución de 1925, puso término al parlamentarismo, estableciendo el sistema presidencial de gobierno, que se caracteriza por la actuación de un poder Ejecutivo fuerte.
En la práctica, sin embargo, el presidencialismo (sistema de gobierno en el que el Presidente de la República es también el jefe del gobierno.) no se impuso de inmediato, pues en los ocho años que siguieron a la promulgación de esta nueva carta política, su implementación se vio interrumpida por varios intentos sucesivos de dar forma a un régimen presidencial.
El 1 de octubre de 1925, Arturo Alessandri Palma renunció a la presidencia. Mientras se buscaba un candidato que se presentara a las elecciones, asumió el mando como vicepresidente Luis Barros Borgoño, que se desempeñaba como ministro del Interior.
Los principales partidos políticos se pusieron de acuerdo en llevar a Emiliano Figueroa, quien se impuso por amplia mayoría en la primera votación directa de nuestra historia (24 de octubre de 1925).
A fines de 1925, Figueroa inició sus funciones, pero desde el principio su liderazgo fue incapaz de introducir los cambios que se esperaban. Poco a poco, el presidente fue apartándose de la dirección efectiva de los asuntos públicos. Sin embargo, su ministro de Guerra, el coronel Carlos Ibáñez del Campo, trató de llevar a cabo algunas reformas propuestas en 1924; pero lo hizo imponiendo mano dura. Muchos dirigentes políticos fueron encarcelados y otros partieron al exilio. A tanto llegó la audacia de Ibáñez, que ordenó remover a varios jueces, asunto que, de acuerdo con la Constitución, era privativo del Poder Judicial.
Ante tal situación, el 4 de mayo de 1927 Figueroa presentó su renuncia, lo que provocó que Ibáñez asumiera como vicepresidente y convocara a elecciones. En ellas se presentó como candidato único, obteniendo el 98 por ciento de los votos.
El gobierno de Ibáñez
Después de cuatro años de trastornos políticos y sociales, las principales preocupaciones de Ibáñez eran avocarse al restablecimiento del orden, la reestructuración de la administración pública y llevar a cabo una amplia reforma económica. Para ello, tomó duras medidas restrictivas y en contra de la corrupción, depurando la magistratura, el ejército y la armada.
Si bien Ibáñez controlaba el Congreso, este se convirtió en una referencia marginal sin incidencia en la política nacional, ya que gobernó utilizando varias veces el mecanismo de la dictación de decretos-leyes, más propios de los gobiernos de facto. Por el crecimiento que empezó a experimentar el aparato burocrático del Estado, Ibáñez se vio obligado a dictar en 1930 el Estatuto Administrativo, un conjunto de normas que rigen el actuar de los funcionarios públicos.
Nuevas instituciones fueron creadas bajo este mandato, entre ellas, Carabineros de Chile (1927), producto de la fusión de varios cuerpos policiales. En 1930, se dio vida a la Fuerza Aérea de Chile, una rama militar especializada en aeronáutica.
Bajo este gobierno la educación experimentó importantes reformas, haciéndose obligatoria para los niños y jóvenes entre siete y 15 años. Otro hecho destacado fue la dictación de la ley de autonomía universitaria, que garantizaba la independencia académica y administrativa de la Universidad de Chile.
Este mandato se caracterizó, principalmente, por la aplicación de un vasto programa de obras públicas que comprendió la construcción de escuelas, carreteras, puertos y edificios públicos. Dichos planes expansivos se financiaron con empréstitos obtenidos en el extranjero, especialmente en Estados Unidos.
En el plano internacional, su mayor acierto fue la conclusión del conflicto que enfrentaba, diplomáticamente, a nuestro país con el Perú desde 1893, por el dominio de Tacna y Arica, llegándose al acuerdo de dividir la zona. La primera ciudad quedó en territorio peruano y la segunda, en el chileno. Se estableció, además, el correspondiente límite (1929).
En 1929, la gran depresión mundial repercutió también en Chile, ya que se debían cancelar las cuotas correspondientes a los créditos internacionales adquiridos y, además, porque disminuyó notablemente la venta de salitre, debido a la competencia que le hacía el salitre sintético.
Para paliar los efectos de esta grave crisis, el gobierno de Ibáñez adoptó una serie de medidas, pero estas resultaron inútiles. De tal manera que, para 1931, la situación se tornó delicada: hubo una fuerte disminución del poder adquisitivo, una gran cesantía y la necesidad de suspender el pago de la deuda externa por falta de capital. La amenaza de la bancarrota se presentaba como una posibilidad real.
En julio de ese año, el descontento era creciente y un grupo de estudiantes realizó una agresiva protesta contra el gobierno. Este fue el comienzo de una agitación pública difícil de controlar. Sobrevino la confusión y el paro parcial de la industria y el comercio.
Ante la disyuntiva de renunciar o reprimir, Ibáñez optó por lo primero, y el 26 de julio de 1931 presentó su renuncia, cediendo el poder al presidente del Senado, Pedro Opazo Letelier, quien designó como vicepresidente al radical Juan Esteban Montero.

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La anarquía
Tras la caída de Ibáñez sobrevino un período complejo y lleno de incidencias político-sociales, tanto que se acepta que durante esos años (1931-1932) se vivió en nuestro país una anarquía política.
Montero pronto aceptó la candidatura que le ofrecieron los partidos políticos, por lo que tuvo que renunciar a la vicepresidencia, y dejar en el puesto a Manuel Trucco. El gobierno de Trucco debía limitarse únicamente a mantener la administración del país y convocar a elecciones presidenciales. Sin embargo, debió enfrentar difíciles momentos, producidos por la sublevación de parte de la tripulación de algunos buques de la Armada, que protestaban por la rebaja de sus salarios (1-5 de septiembre de 1931). Si bien el movimiento fue controlado, esto fue una señal que vaticinaba lo que más adelante se produciría.
Finalmente, las elecciones se realizaron el 4 de octubre de 1931, y resultó ganador, Montero, quien asumió la presidencia en medio de una caótica crisis económica y financiera. Por ello era imperativo enfrentar esta situación, reducir gastos, disminuir sueldos, suprimir empleos públicos y conseguir nuevos créditos en el exterior.
No obstante, el desplome no cesó, ya que la moneda se desvalorizó y aumentó el costo de la vida, a la par que se reducían las reservas del Banco Central. Por ello, las críticas a este gobierno no cesaron y se manifestó en diversos sectores civiles y militares. Uno de estos grupos lo encabezaba el diplomático Carlos Dávila Espinoza. Otro sector, de carácter socialista, era dirigido por el comodoro del aire Marmaduque Grove, y un tercer grupo, la NAP (Nueva Asociación Pública), lo conducía el abogado Eugenio Matte Hurtado.
El 4 de junio de 1932 se produjo un levantamiento militar liderado por la Fuerza Aérea, que provocó la renuncia del presidente y la proclamación de una república socialista. Grove desempeñó un papel clave en esta sublevación y en su orientación política, pero el poder quedó a cargo de una junta de gobierno integrada por Arturo Puga, Carlos Dávila y Eugenio Matte. Uno de sus primeros actos fue decretar la disolución del “Congreso Termal” (ver recuadro) y disponer una serie de medidas de carácter social. Este nuevo gobierno captó la simpatía popular; no obstante, dentro de él no había unidad. Pronto Dávila renunció a la junta y fue reemplazado por Rolando Merino Reyes.
A los días después, Dávila conformó una nueva junta encabezada por él mismo y conformada, además, por el demócrata Nolasco Cárdenas Díaz y el radical moderado Alberto Cabero. Se restableció el orden público, pero se instauró un régimen que no tenía más apoyo que la fuerza.
Al poco tiempo, Dávila disolvió la junta y asumió el poder con el título de “Presidente provisional”. Convocó a elecciones para un nuevo Congreso y adoptó medidas para resolver la crisis económica. Sin embargo, la oposición hacia su gestión aumentaba y, finalmente, Dávila renunció y entregó el poder al general Bartolomé Blanche.
Blanche debió enfrentar una fuerte presión cívico-militar que clamaba por la vuelta a la normalidad institucional. Por ello, renunció el 2 de octubre y entregó el poder al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Abraham Oyanedel, quien llamó a elecciones presidenciales y parlamentarias para el 30 de octubre.

En estas elecciones triunfaron en forma amplia Arturo Alessandri Palma y los partidos que lo apoyaban: liberales, demócratas y radicales. Terminaba la anarquía y el país volvía a encauzarse hacia la recuperación de la institucionalidad.

Fuente: Icarito Diario La Tercera.


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